La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha instado al Estado mexicano a intensificar las investigaciones sobre el “Rancho Izaguirre” en Teuchitlán, Jalisco, garantizar el castigo a los responsables e identificar a las víctimas encontradas en el lugar. Además, ha reconocido el papel crucial de los colectivos de búsqueda en el hallazgo de restos humanos en un predio que había estado bajo custodia estatal durante seis meses.
Descubrimiento de fosas clandestinas pese a custodia estatal
En septiembre de 2024, el Estado aseguró el “Rancho Izaguirre”, deteniendo a 10 personas y rescatando a dos víctimas privadas de libertad. También se recuperó un cadáver y se incautaron armas, equipos tácticos y vehículos. Sin embargo, en marzo de 2025, el colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco” descubrió nuevas fosas clandestinas con restos óseos calcinados y diversos objetos, evidenciando que el lugar habría sido utilizado para actividades criminales como reclutamiento forzado, entrenamiento y ejecuciones.
La CIDH ha resaltado la insuficiencia de las diligencias estatales, ya que, a pesar de la intervención inicial de las autoridades, fue un grupo de búsqueda civil el que logró ubicar las fosas. Por ello, ha subrayado la responsabilidad del Estado de investigar y esclarecer los hechos conforme a los principios de derechos humanos.
Hallazgos y respuestas oficiales
Tras la reciente revelación, la Fiscalía de Jalisco ha recuperado más evidencias, incluyendo casquillos de municiones, prendas de vestir, documentos de identidad y manuscritos, lo que refuerza las denuncias sobre la violencia sistemática ejercida en el rancho. La CIDH ha advertido que estos crímenes reflejan un nivel alarmante de deshumanización y ha enfatizado la necesidad de investigar la posible participación de agentes estatales, ya sea por acción u omisión.
El Estado mexicano ha informado sobre la ejecución de dos órdenes de aprehensión contra presuntos responsables y ha reiterado su compromiso de esclarecer los hechos basándose en evidencia científica y criminalística. Asimismo, ha destacado la importancia de un proceso de identificación humana riguroso y el trato digno para las familias de las víctimas.
Compromisos del Estado y reformas anunciadas
En respuesta a la crisis de desapariciones en el país, la Presidenta de México anunció el 17 de marzo de 2025 un paquete de reformas legislativas y medidas administrativas para fortalecer la búsqueda e identificación de personas desaparecidas. Entre las iniciativas destacan la consolidación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) como fuente de identidad, la creación de una Base Nacional Única de Información Forense y el refuerzo del Centro Nacional de Identificación Humana con tecnologías avanzadas.
La CIDH ha valorado estas acciones y ha reiterado que la participación de las familias y colectivos en la formulación de políticas es fundamental para garantizar justicia y transparencia.
Llamado a la justicia y reconocimiento a colectivos de búsqueda
Finalmente, la CIDH ha reafirmado su solidaridad con los colectivos de búsqueda y ha instado al Estado mexicano a garantizar su seguridad y reconocimiento público. Además, ha enfatizado que cualquier diligencia en torno al caso del “Rancho Izaguirre” debe realizarse con respeto y evitando la revictimización.
La Comisión Interamericana, como órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), seguirá monitoreando la situación y exhorta a las autoridades mexicanas a cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, asegurando justicia para las víctimas y sus familias.
