Madres de familia de cuatro menores presuntamente víctimas de abuso sexual solicitaron apoyo ciudadano para localizar a Carlos Jesús (N), quien se encuentra prófugo de la justicia pese a estar vinculado a proceso penal por delitos cometidos en contra de infantes.
El presunto agresor habría evadido la acción de la justicia debido a una serie de omisiones judiciales, entre ellas la falta de notificación de medidas cautelares ampliadas desde el pasado 11 de abril por parte del Juzgado de Control para Adolescentes y Especializado en Violencia contra las Mujeres en Puerto Vallarta.
Según explicó Sandra Quiñones, asesora legal de las familias de las víctimas, la jueza Karina (N) no emitió medidas cautelares en la etapa inicial del proceso, lo cual facilitó que el imputado pudiera fugarse. Posteriormente, cuando dichas medidas fueron ampliadas, personal administrativo del juzgado tampoco notificó oportunamente, permitiendo que el agresor continuara sustraído.
Acompañada por el abogado Antonio Torres, también asesor jurídico de las víctimas, Quiñones confirmó que existen dos órdenes de aprehensión vigentes contra Carlos Jesús (N), quien ya había estado prófugo durante al menos dos años antes de ser vinculado a proceso.
Actualmente, su búsqueda se extiende por diversos municipios y estados del país, incluyendo Puerto Vallarta, Guadalajara y Bahía de Banderas, así como Guanajuato y Veracruz, donde se presume podría estar escondido con familiares.
De acuerdo con los abogados, los abusos ocurrieron cuando el imputado tenía entre 16 y 17 años, mientras asistía a su madre en labores de regularización escolar que ofrecía en su domicilio. Fue ahí donde se habrían cometido los abusos sexuales, presuntamente con el encubrimiento de sus propios padres.
“Nos preocupa profundamente porque se trata de una agresión sexual contra cuatro niños, y cualquier menor que esté cerca de este individuo está en potencial riesgo”, advirtió Quiñones.
Por este caso, ya se han presentado dos denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción: una contra la jueza Karina (N) por omisión de medidas cautelares, y otra contra la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), institución responsable de velar por los derechos de la infancia. Se prepara además una tercera denuncia contra el funcionario que omitió el envío de los oficios de medidas cautelares, lo cual permitió que el presunto agresor evadiera la justicia.
